En días recientes el foco público en La Paz se ha centrado en el regreso a escena del caso Punta Norte, proyecto inmobiliario que pretendía edificar un fraccionamiento de 4,600 viviendas en una zona catalogada por el Programa de Desarrollo Urbano (PDU) como de protección ecológica; pero que de manera ilegal la comisión de Gobernación, Tránsito y Seguridad del cabildo del ayuntamiento anterior, presidida por el ahora diputado federal Rubén Gregorio Muñoz Álvarez y alcalde en aquel entonces, autorizó el cambio de uso de suelo a habitacional ante la coherente y celebrada negativa que primeramente dio la comisión de Desarrollo Urbano y Ecología.

Vale la pena mencionar que este proceso estuvo lleno de irregularidades desde su gestación, ya que de entrada existe un conflicto de intereses puesto que Muñoz Álvarez era representante de la inmobiliaria Century 21 hasta tomar el cargo de munícipe, misma que está detrás de la inversión del polémico megaproyecto que a través de una serie de mentiras no solamente promocionó, sino que vendió una serie de lotes sin tener el aval de permisos en materia ambiental ni urbana. Asimismo, la constructora señaló que se instalaría una planta desaladora de agua -que contaminaría de manera irremediable a la Bahía de La Paz-, así como otra más para darle tratamiento a los afluentes de aguas grises del fraccionamiento y además “donarían” el agua extraída de un pozo que ni siquiera es de su pertenencia y que además está ya concesionado al organismo operador de la ciudad.

Bajo dicho contexto, la hoy alcaldesa Milena Paola Quiroga y la directora de la Gestión Integral de la Ciudad (GIC) Mariana Orozco, cumplieron a la promesa de campaña de la primera en hacer valer la justicia para que se respeten los instrumentos de regulación urbana, por lo que en sesión extraordinaria de cabildo se giró la instrucción de iniciar el procedimientode nulificación del permiso aplicando un juicio de lesividad ante el irregular cambio de uso de suelo, dejando en claro la importancia de respetar instrumentos como el PDU para detener el crecimiento desordenado de la ciudad que había sido impulsado por autoridades anteriores durante décadas.

Esta acción es de suma importancia y desde BCSicletos, en concordancia con nuestro programa Defensa del Territorio, celebramos que hoy se estén tomando acciones serias y coherentes en materia de regulación urbana al hacer cumplir la ley, ya que si bien se alardeaba con que Misión Punta Norte sería una opción para el desarrollo y prosperidad de la ciudad, no hay nada más falso por los siguientes puntos:

  1. La Paz es una de las ciudades de México con mayor estrés hídrico, por lo que incrementar la sobreexplotación nos pone en riesgo ante la disponiblidad del líquido vital como base de cualquier prosperidad o desarrollo.
  2. Las opciones inmobilarias que presenten alternativas a la extracción de agua con plantas desaladoras, deben ser rechazadas de manera inmediata por el potencial impacto ecológico sobre nuestra bahía, ya que el aumento de salinidad en la misma podría ocasionar afectaciones al tiburón ballena -que sostiene una importante actividad turística- así como la siembra de bivalvos que son base de la economía para decenas de familias que mediante un proceso de largo aliento lograron una concesión para la explotación sustentable de la zona.
  3. Cualquier megaproyecto habitacional en zonas no definidas por el PDU no deben ser siquiera consideradas, ya que relegan la necesidad de aumentar la densidad de población de zonas como el centro y otras para mejorar las dinámicas de movilidad y desarrollo urbano.

Asimismo, estamos convencidos de que las denuncias por parte de la inmobiliaria en contra de la alcaldesa y la directora de GIC deben ser interpretadas por la ciudadanía como un acto que sólo busca refrendar la ilegalidad del acto cometido por Rubén Muñoz y lxs 8 regidorxs que votaron a favor del cambio de uso de suelo el año pasado, así como acciones desesperadas por impulsores de proyectos que tienen como único interés el enriquecimiento de unos cuantos sin importar la sustentabilidad de nuestra ciudad.

Señalamos categóricamente que BCSicletos no está en contra del desarrollo y el progreso, pero sí estamos convencidxs de que este binomio debe ser delineado por intereses colectivos y que busquen la properidad y justicia para todas las personas que habitamos La Paz y Baja California Sur.

Es por esto que invitamos a la ciudadanía de La Paz a formarse un criterio propio e informado en relación a este proceso falto de claridad y verdades, colmado de irregularidades que apuntan al incremento de la desigualdad territorial en una ciudad que por tantos años había carecido de una autoridad interesada en definir un crecimiento urbano regulado y alineado con los objetivos del desarrollo sostenible.