En los meses recientes, la agenda pública en materia de contaminación del aire en La Paz ha puesto sobre la mesa la necesidad de implementar una estrategia de verificación vehicular; y no es para menos, ya que de acuerdo a nuestros monitoreos de calidad del aire -así como el de otras organizaciones-, sabemos que en nuestra ciudad se respiran concentraciones de contaminantes con graves efectos a la salud que sobrepasan los límites recomendados por la Organización Mundial de la Salud.

También sabemos, que hasta el año 2018, el 52% de estos contaminantes liberados a la atmósfera tenían como origen las fuentes móviles -autos, motocicletas, camiones de carga y transporte público, etc.-, aunque este dato es muy probable que haya aumentado ante el notorio incremento de población en el municipio.

Otro de los factores que incrementan las condiciones en favor de la contaminación, es la alta presencia de autos chocolate que existe desde la frontera norte del país hasta el sur de nuestro estado, ya que muchos de éstos no cuentan con un importante componente para la reducción de gases contaminantes provenientes de los motores: el catalizador.

Sin embargo, el que las familias más vulneradas de Baja California Sur acudan a esta opción de transportación no es una simple causalidad del mercado, sino que en importante parte de los casos sucede que los ingresos económicos no son suficientes para adquirir automóviles más recientes -y con tecnología menos contaminante-, y todavía más alarmante, a muchas personas les es más caro e inviable costear la movilidad en transporte público. Esto es importante ya que carecemos de una red y de unidades eficientes y dignas para conectar la parte sur de la ciudad con los centros laborales o educativos.

Entendido este contexto, por supuesto que es imperante impulsar una agenda como lo es la verificación vehicular, pero ésta no debe ser bajo ninguna circunstancia de manera obligatoria, ya que estaríamos empujando una política regresiva y que impactaría de manera directa a las personas con menos ingresos. Y es que si se llegaran a implementar multas, o incluso peor, retener los vehículos, no estaríamos abordando esta problemática de manera integral.

¿Cuál es la responsabilidad que tenemos las organizaciones de la sociedad civil ante esta coyuntura? Definitivamente no perder el foco de poner a las personas más vulnerables al centro de nuestras agendas, y buscar que esta verificación se realice bajo la responsabilidad del estado y que sean las personas con mayores ingresos las que más paguen por esto; algo que puede hacerse muy fácilmente a partir del valor del vehículo a ser verificado. Inclusive, es importante poner sobre la mesa la discusión de que este proceso sea subsidiado para los sectores con menos ingresos

Alekz Aguila

Coordinador de Programas

BCSicletos A.C.