Hablar hoy de transición energética en Baja California Sur se ha vuelto casi una obligación. En un contexto de crisis climática, de presión creciente sobre los sistemas eléctricos, de aumento en el costo de la vida y de conflictos cada vez más visibles por el agua, el suelo y el acceso a la ciudad, pareciera que transitar hacia nuevas formas de generación de energía es una ruta inevitable. Y en efecto, lo es. Sin embargo, consideramos que existen algunas preguntas de fondo que no se están formulando con la seriedad que merecen: ¿transición energética para qué territorio, para quiénes y bajo qué modelo de desarrollo?
Desde Bcsicletos creemos que esta discusión no puede reducirse a una sustitución tecnológica. No se trata solamente de cambiar una fuente energética por otra, ni de remplazar combustibles fósiles por energías renovables como si eso, por sí mismo, garantizara bienestar colectivo. La palabra clave aquí es justa. Y para que la transición energética pueda llevar verdaderamente ese apellido, debe reconocer la complejidad territorial, urbana, social y política en la que ocurre. Debe preguntarse no sólo cómo se produce la energía, sino a quién beneficia, qué modelo urbano sostiene, qué actividades económicas prioriza y qué desigualdades puede terminar profundizando.
En Baja California Sur esta discusión es especialmente urgente. Nuestro territorio vive desde hace años un proceso agresivo de transformación impulsado por el turismo inmobiliario, la especulación sobre el suelo y una idea de “desarrollo” que ha privilegiado la rentabilidad privada por encima del interés público. El resultado está a la vista: expansión urbana fragmentada, presión inmobiliaria sobre barrios y comunidades, privatización de espacios públicos (como accesos a playas), desplazamiento de población local, encarecimiento del acceso a la vivienda, debilitamiento de tejidos comunitarios y creciente desigualdad en poder acceder a servicios básicos, infraestructura y oportunidades urbanas. El objetivo del sector privado acompañado de la gestión del Estado es claro, este territorio debe poseer su sello “Baja All Exclusive” Disfruta del paraíso, siempre y cuando puedas pagarlo, considerando las letras pequeñas “-oferta por tiempo limitado-, ya conoce la receta: invierta-gane-vámonos ya que acabemos con todo”.
En este contexto, hablar de transición energética sin hablar de planeación urbana es un error profundo. Porque aun si la generación energética migrara hacia fuentes renovables, si los instrumentos de planeación urbana siguen favoreciendo el mismo patrón de ocupación del territorio, la energía “limpia” terminaría alimentando un modelo profundamente injusto. Dicho de forma directa: una ciudad desigual también puede funcionar con energías renovables. Es cotidiano que megaproyectos inmobiliarios, esos que dicen traer “el desarrollo”, tengan por actividad preferida y mercadológica colgarse del “discurso verde”. Un proceso de turistificación puede volverse todavía más agresivo si cuenta con nueva infraestructura energética que facilite su expansión. La pregunta, entonces, no es solamente de dónde viene la energía, sino qué tipo de urbanización hace posible.
Ese es uno de los grandes riesgos de nuestro tiempo: confundir descarbonización con justicia. No son lo mismo. La reducción de emisiones es necesaria, sí, pero no suficiente. Una transición energética que no ponga límites al mercado inmobiliario depredador, que no regule el crecimiento urbano extensivo, que no garantice el derecho a la vivienda, que no proteja la propiedad social y los bienes comunes, y que no priorice las necesidades de las comunidades locales, puede convertirse en una transición útil para unos pocos, los mismos de siempre, pero no para quienes ahora vivimos este acelerado despojo.
En Baja California Sur conocemos bien esa lógica. Durante años, el Estado ha renunciado en buena medida a su papel como regulador del territorio para asumir el de facilitador de inversiones sumándose a la falsa narrativa del “desarrollo” con una mirada cortoplacista “dinero rápido disfrazado en conceptos como -inversión, plusvalor, empleos, crecimiento, bienestar” todo a costa del territorio y de quien lo habitamos, al fin que “pronto hay elecciones y hay que chapulinear”. En lugar de ordenar el crecimiento urbano con criterios de equidad, sustentabilidad y justicia territorial, ha permitido que el mercado marque el rumbo de la expansión de nuestras ciudades y de la apropiación del espacio. Bajo esta dinámica, los instrumentos de planeación urbana no están corrigiendo desequilibrios, sino legitimando procesos que consolidan privilegios. Y si ese patrón no cambia, cualquier mejora en la matriz energética corre el riesgo de convertirse en combustible para la profundización de las desigualdades urbanas.
Esto es particularmente delicado en un estado como el nuestro, donde los recursos naturales son finitos (sí, en verdad se acaban) y ya muy escasos, los ecosistemas son frágiles y la presión sobre el territorio crece de manera acelerada. No se puede pensar la energía al margen del agua, ni la urbanización al margen de la capacidad ecológica del territorio. No se puede seguir actuando como si Baja California Sur fuera un espacio vacío disponible para recibir indefinidamente más desarrollos, más consumo de suelo, más demanda de servicios y más infraestructura, sin consecuencias sociales ni ambientales. La ficción de los recursos infinitos es una de las bases más peligrosas del modelo dominante. Y es precisamente esa ficción la que una transición energética justa tendría que confrontar, no reforzar.
Por eso resulta tan preocupante que desde el discurso oficial se intente presentar como “transición” una apuesta que en realidad prolonga la dependencia fósil. El impulso al gas natural licuado como solución energética no representa una transformación de fondo, sino una falsa salida. No sólo porque sigue siendo gas fósil, sino porque reproduce la lógica de las decisiones centralizadas, impuestas desde arriba, justificadas en nombre del “progreso”, sin consulta real a las comunidades y sin una discusión pública seria sobre sus impactos acumulativos. Es una transición aparente que cambia el lenguaje, pero no modifica el fondo del problema.
Sin embargo, también sería insuficiente conformarnos con una crítica exclusiva al gas fósil. La discusión debe ir más allá. Incluso una propuesta basada en energías renovables puede fracasar en términos de justicia si no se acompaña de una reconfiguración profunda del modelo territorial. La justicia energética no puede pensarse sin justicia urbana. No puede existir si las ciudades continúan creciendo para la especulación y no para la vida. No puede existir si se normaliza que las poblaciones locales sean expulsadas o arrinconadas mientras los beneficios de la infraestructura se orientan a zonas de alta renta, corredores turísticos o desarrollos de lujo. No puede existir si el acceso a la energía se organiza en función del mercado y no del derecho colectivo a habitar dignamente el territorio.
Desde Bcsicletos consideramos que la planeación urbana es un componente fundamental de cualquier horizonte serio de transición energética justa. No como un asunto técnico secundario, sino como un campo central de disputa política. Planear el territorio implica decidir qué se protege, qué se limita, qué se prioriza y para quién se gobierna. Implica reconocer que la ciudad y el territorio no pueden seguir siendo mercancías administradas exclusivamente por la lógica de la inversión. Implica recuperar la función pública de la planeación como herramienta para defender el bien común, equilibrar desigualdades y garantizar derechos ciudadanos.
En ese sentido, la participación ciudadana no debe entenderse como un mero mecanismo decorativo de consulta ni como una formalidad para legitimar decisiones ya tomadas. La participación verdadera supone reconocer a las comunidades como sujetos políticos con derecho a intervenir en el destino de su territorio. Supone abrir procesos reales de deliberación, de incidencia y de corresponsabilidad sobre las decisiones que modelan la vida urbana y regional. Supone asumir que quienes habitan cotidianamente las ciudades, los barrios, las colonias y las comunidades no son un obstáculo para el desarrollo, sino actores fundamentales para construir un futuro más democrático, más habitable y más justo.
Esto es especialmente importante en un momento en que el discurso de la sustentabilidad puede ser fácilmente capturado por narrativas que maquillan de verde viejas formas de despojo. Hoy más que nunca necesitamos preguntarnos si la transición energética está sirviendo para transformar el modelo o simplemente para actualizarlo. Si está pensada para garantizar derechos o para asegurar nuevas condiciones de rentabilidad. Si está orientada a fortalecer la vida comunitaria y el equilibrio ecológico, o a sostener la expansión sin límites de un modelo urbano extractivo, acompañado de urbes con vialidades megasaturadas, eso sí, de puros autos eléctricos ¿Bien “sustentable” cierto?.
La discusión de fondo, entonces, no es solamente energética. Es civilizatoria, territorial y profundamente política. Lo que está en juego en Baja California Sur no es únicamente con qué fuente se genera electricidad, sino qué futuro queremos para nuestras ciudades, nuestras comunidades y nuestros ecosistemas. Si la transición energética no cuestiona el patrón de urbanización dominante, si no confronta el papel del Estado como facilitador del mercado, si no coloca límites claros al supuesto “desarrollo” y si no prioriza a las poblaciones locales por encima de los intereses inmobiliarios y turísticos, no será justa. Será apenas una nueva capa de legitimación para viejas desigualdades.
Hoy enfrentamos, por un lado, la amenaza de una falsa transición que pretende vendernos gas fósil como si fuera solución. Pero también enfrentamos el riesgo de creer que bastará con energías renovables para corregir un modelo territorial que sigue produciendo expulsión, segregación y despojo. La justicia no está garantizada por la tecnología. La justicia se construye políticamente. Y en Baja California Sur esa construcción pasa necesariamente por recuperar la planeación urbana como herramienta pública, por defender la participación ciudadana como derecho sustantivo y por reconfigurar de raíz un modelo que ha tratado al territorio como mercancía y no como espacio de vida. Sin esa transformación de fondo, no habrá transición energética justa. Habrá, en el mejor de los casos, una transición técnica. Y eso, para las comunidades y ecosistemas que hoy resisten el avance del despojo, simplemente no es suficiente.
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