El Proyecto Kuni, una ambiciosa iniciativa de desarrollo turístico y residencial que pretende transformar 1,600 hectáreas en un enclave de lujo en La Paz, Baja California Sur, es un claro ejemplo de cómo el capital global coloniza el espacio urbano, despojando a la ciudadanía local de su Derecho a la Ciudad. Este concepto, implica que la ciudad no solo debe ofrecer acceso a servicios urbanos y espacio público, sino también garantizar la participación activa de las y los habitantes en la toma de decisiones sobre su entorno. Sin embargo, Kuni representa una amenaza a este derecho, además de profundizar las desigualdades urbanas, aumentar la presión sobre los recursos naturales y fragmentar el tejido social de la ciudad.

Desde la perspectiva del Derecho a la Ciudad, el Proyecto Kuni atenta contra el acceso de la población a los espacios comunes. La restricción del acceso a playas y zonas recreativas, áreas que deberían estar disponibles para toda la ciudadanía, convierte espacios públicos en exclusivos para turistas y residentes adinerados. Esta privatización socava el derecho de las y los habitantes de La Paz a disfrutar y participar plenamente en la vida urbana que incluye desde luego espacios como las playas. Además, la exclusión de la ciudadanía en la toma de decisiones durante la planificación de este proyecto masivo contradice el principio fundamental de que las y los residentes debemos tener voz en el desarrollo de nuestra ciudad. Al no haber una consulta adecuada ni la participación activa de la comunidad en la decisión, Kuni refuerza un modelo de desarrollo que prioriza los intereses corporativos sobre los derechos y necesidades de la población local.

Los proyectos de desarrollo urbano a gran escala tienden a profundizar las desigualdades sociales. En el caso de Kuni, la construcción de infraestructura turística y residencial de lujo provocará gentrificación, es decir, el desplazamiento de las comunidades locales hacia las periferias debido al aumento en los precios de bienes y servicios. Este proceso fragmenta el tejido social, creando un entorno urbano excluyente donde las clases populares son marginadas, mientras que las élites económicas se apropian de los espacios centrales. Además, el acceso a recursos críticos como el agua se verá gravemente afectado. La demanda excesiva del proyecto Kuni agravará la ya delicada situación de escasez hídrica en La Paz, desviando recursos hacia enclaves privilegiados y dejando a las comunidades más vulnerables con acceso limitado a servicios esenciales.

El capital transnacional asentado en el sector inmobiliario tiene un papel crucial en la creación de enclaves de riqueza que agravan las desigualdades sociales. Kuni encaja perfectamente en esta narrativa: la inversión extranjera aterrizada en la burbuja especulativa inmobiliaria genera beneficios para actores globales y elites locales, mientras que los costos sociales y ambientales son soportados por la población de La Paz. El proyecto impulsa la dualización del espacio urbano, con una ciudad dividida entre áreas de lujo exclusivas y sectores marginalizados. Además, la estructura económica de La Paz se reconfigura para servir a las necesidades de turistas y residentes de alto poder adquisitivo, desplazando las dinámicas y necesidades locales, lo que agrava aún más las desigualdades.

El impacto del Proyecto Kuni no se limita a lo social; también tiene serias implicaciones en la movilidad urbana sustentable y la calidad del aire. La construcción de 20,000 cuartos residenciales y turísticos incrementará significativamente el tráfico vehicular, lo que no solo aumentará los tiempos de desplazamiento y congestionará las vías, sino que también deteriorará la calidad del aire con emisiones contaminantes. La infraestructura de movilidad actual en La Paz no está preparada para soportar este incremento en la demanda, sobre todo de las personas que prestarán servicios laborales en ese espacio, ya que resulta evidente que no podrán vivir en ese espacio debido a la inaccesibilidad económica del mismo,  sumado a la falta de alternativas eficientes de transporte público o infraestructuras para bicicletas y peatones profundiza la dependencia del automóvil. Esto contraviene los principios de movilidad urbana sustentable, perpetuando un modelo de desarrollo insostenible y aumentando la huella de carbono de la ciudad, así como vulnerando el derecho a la movilidad que tenemos como ciudadanía.

Durante la fase de construcción del proyecto, el uso de maquinaria pesada y la generación de polvo y partículas en suspensión deteriorarán la calidad del aire, afectando principalmente a las comunidades más vulnerables. Estas emisiones, combinadas con el incremento del tráfico vehicular, plantean un riesgo significativo para la salud pública en La Paz, en especial para la niñez y las personas de la tercera edad, quienes son más susceptibles a las afecciones respiratorias.

Un problema adicional es la presión que el proyecto Kuni ejercerá sobre la infraestructura pública y los recursos de La Paz. La ciudad ya enfrenta limitaciones en su capacidad para proporcionar agua, drenaje, electricidad y servicios de salud y educación, y el crecimiento poblacional estimado en más de 157,000 personas solo agravará estos desafíos. Sin una expansión adecuada de esta infraestructura, la calidad de vida de las y los residentes se deteriorará, y las desigualdades en el acceso a servicios se agudizarán. La gestión de residuos también es un reto considerable: la capacidad actual de manejo de desechos en La Paz será insuficiente para los volúmenes de basura que se generarán durante la construcción y operación del proyecto en el mediano y largo plazo.

La escasez de agua es quizás la preocupación más grave. La demanda del proyecto Kuni para la construcción y operación, combinada con la gestión de salmuera derivada de los procesos de desalación, podría no solo agotar los recursos hídricos disponibles, sino también dañar los ecosistemas marinos, afectando a sectores como la pesca local impactando directamente a la forma de vida de las comunidades urbanas y periurbanas, que además hemos de recordar son las fundadoras de nuestros espacios de interacción y disputa actualmente.

Es clave entender que el capital global inmobiliario transforma la ciudad en un espacio de conflicto donde se disputa el Derecho a la Ciudad. El Proyecto Kuni, en este sentido, es un actor que intensifica las desigualdades y aliena a la población de su entorno urbano. Bajo la lógica del mercado, la ciudad deja de ser un espacio de vida colectiva y se convierte en un campo de batalla donde el capital desplaza a los sectores populares para maximizar ganancias. Esta dinámica no solo fragmenta el espacio urbano, sino que también exacerba las desigualdades inherentes al capitalismo contemporáneo, alienando a las y los habitantes y marginando sus derechos en favor de la acumulación de riqueza meramente financiera. Por lo tanto, el Proyecto Kuni (y sus similares [Península de los sueños y contando…]) son la antítesis de una ciudad justa e inclusiva. Al privatizar los espacios públicos, fragmentar el tejido social, despojar a la población local de recursos esenciales y agravar las desigualdades urbanas, este proyecto representa un atentado directo al Derecho a la Ciudad. Desde la perspectiva crítica del urbanismo contemporáneo, la lucha por una ciudad más justa y sostenible pasa por la defensa de los espacios colectivos y la resistencia a la imposición de intereses económicos globales sobre los derechos de la ciudadanía local. La Paz merece un futuro que priorice el bienestar colectivo, la equidad social y la sostenibilidad ambiental, no uno en el que el capital global y las élites económicas dicten el destino de su territorio y sus habitantes.